Guerrero, cuarto lugar en violaciones a los derechos humanos en México

David Espino
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez concluye en su informe anual 2005 que el estado de Guerrero destaca entre las entidades de México donde se registraron el mayor número de agresiones a los derechos humanos y garantías individuales.
En el documento titulado El Derecho de Defender los Derechos Humanos en 2005, Pro apunta: “Hemos detectado (en el país) un total de 62 situaciones de agresión directa o indirecta a defensores, a sus familias, a sus pertenencias o recursos que utilizan para su labor de defensa”.
Y precisa: “Los estados que reportan un mayor índice de casos son: Oaxaca con 14; Chiapas con 13, el Distrito Federal con nueve, y Guerrero, con siete situaciones registradas”, colocándose en el cuarto lugar a nivel nacional. (En la imagen: Miguel Ángel Mesino, uno de los casos documentados por Pro)
Pro Juárez destaca la violación a los derechos humanos y constitucionales a los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán. Subraya que de los siete casos registrados en Guerrero, tres de ellos están directamente relacionados con la situación de represión y persecución contra los ecologistas.
Afirma que además de ser perseguidos, encarcelados, torturados y que las violaciones contra ellos permanecen en la impunidad, ese año se registró el atentado en contra de uno de ellos –Albertano Peñaloza Domínguez– y su familia, que resultó en el asesinato de dos de sus hijos.
El informe de 19 cuartillas destaca que frente a estas situaciones, la respuesta del gobernador Zeferino Torreblanca “fue, por un lado, evasiva de su responsabilidad, y por otro, agresiva contra la ONG Tlachinollan, defensora de Albertano Peñaloza y Felipe Arreaga. Hasta José Luis Luege, titular de la Profepa, emitió declaraciones minimizando la agresión en contra de Albertano Peñaloza”, subraya.
En los casos restantes, Pro Juárez informa de cuatro asesinatos registrados; dos de ellos en contra de militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y dos más producto de la violencia desatada a raíz del proyecto de construcción de la presa La Parota, los cuales “tienen que ver con el clima de conflictividad política y social que pervive en el estado”.
En el caso de la OCSS, la ONG resalta: “Es imposible pasar inadvertido que la OCSS es la organización a la que pertenecieron los 17 campesinos ejecutados en 1995 por policías del estado, y cuyo esclarecimiento es un adeudo pendiente del Estado mexicano hacia la sociedad”.
Respecto a los conflictos generados por el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, Pro Juárez señala: “los dos asesinatos en la zona donde se pretende construir la presa hidroeléctrica La Parota, son resultado de una espiral creciente de violencia en un proceso de los últimos dos años a causa de este proyecto”.
Abunda: “Baste recordar que en julio de 2004 fueron detenidos de manera arbitraria cinco de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades contra la Presa la Parota (Cecop) y participan activamente en la defensa de sus derechos humanos ante la probable construcción de la presa”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez concluye –en su apartado sobre la entidad– que tales hechos “hacen evidente que en Guerrero persisten las condiciones de vulnerabilidad de toda índole para quienes defienden derechos humanos, ya sea por la defensa de los bosques, la defensa de los derechos de otros, y la defensa de la propia vida”.
“Es evidente también –opina Pro Juárez– la perpetuidad de los poderes caciquiles de la zona, en contubernio con diversas instancias oficiales; el que también a los gobiernos distintos al PRI le son incómodos los defensores de derechos humanos; y por supuesto, los grandes rezagos en el sistema de procuración y administración de justicia en México”, concluye.


Casos documentados

Atentado contra un campesino ecologista y el asesinato de dos de sus hijos
Petatlán, 19 de mayo. Albertano Peñaloza Domínguez, uno de los líderes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán con orden de aprehensión, sufrió una emboscada al llegar a su casa en Banco Nuevo, en la que asesinaron a dos de sus hijos: Armando (20 años) y Adatuel (9 años). Sus otros dos hijos, Adali (15 años) e Isaac (19 años) fueron heridos de gravedad. Los campesinos han denunciado de manera reiterada la actividad ilícita del cacique maderero Bernardo Bautista Valle, por las cuales tienen varias órdenes de aprehensión. Esta agresión se da en el contexto de la defensa de Felipe Arreaga, otro de los líderes de la OCESP.

El sesinato de un militante de la OCSS
Atoyac, 02 de julio. Alfonso García Rosas, de 51 años, y militante de la OCSS fue sacado por la fuerza de su vivienda y ejecutado por un comando armado vestidos de negro con rostro cubierto y portando armas de grueso calibre frente a su vivienda. Es la segunda ejecución en San Juan de las Flores, pues 15 días antes fue ejecutado otro campesino, Silvestre Zamora Fierro, cuando llegaba a su domicilio.

El crimen de Miguel Ángel Mesino
Atoyac, 18 de septiembre. Miguel Angel Mesino, de 34 años, ex preso político en 2002 y 2003 por haber sido vinculado con el EPR, integrante de la OCSS y hermano de su dirigente, Rocío Mesino, fue asesinado por la espalda con rifles de asalto A-K 47 en pleno centro de Atoyac, a la luz del día, a 100 metros de las instalaciones de la policía preventiva municipal. Durante la agresión fue herido su amigo Zohelio Jaimes, hermano del dirigente de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande. Diversos miembros de la familia Mesino asumieron la dirigencia de la organización; algunos fueron encarcelados, a otros se les persiguió y otros más han perdido la vida de forma violenta.

Agresiones a opositores a La Parota por la defensa de la tierra
Acapulco, 18 de septiembre. Tomás Cruz Zamora, de 40 años, miembro del Cecop, fue asesinado por su primo Cirilo Cruz Helasio, en el contexto de los conflictos y violencia desatada por la inminente construcción de la Presa La Parota. Tomás fue herido cuando regresaba de una asamblea de la Cecop en la comunidad de Agua Caliente. "Esta es la división que ha traído la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con su proyecto, entre las familias comuneras; a Cirilo le habían prometido ser tesorero de bienes comunales", dijo su viuda, Eugenia Cruz Galeana. El vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui, dijo que "al parecer" el homicida fue enviado por el presidente de bienes comunales de Cacahuatepec, Crecencio Jerónimo Aparicio, partidario de que la CFE concrete la construcción de La Parota.

Violencia desatada por la construcción de la presa
Cacahuatepec, 08 de noviembre. Crispino Cruz Hernández, Comunero de Bienes Comunales de Cacahuatepec, fue asesinado en el contexto de tensión social que se ha producido en la región donde se ha proyectado la construcción de la presa La Parota. Crispin fue encontrado muerto el martes 8 de noviembre en el paraje de los Hilamos en Bienes Comunales de Cacahuatepec.

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