Crímenes políticos, la trama y las trampas del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo

David Espino
Desde dirigentes indígenas y periodistas hasta diputados locales y presidentes municipales, los asesinatos con características políticas –cuyo proceso de investigación y tratamiento judicial lleva a tal conclusión– cometidos en los últimos tres años, han sido tan recurrentes y sistemáticos que son, ya, seña particular del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, inexorable su ocaso claroscuro.
Equiparable con los gobiernos de Rubén Figueroa Alcocer, en el que además de decenas de perredistas fueron acribillados 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 junio de 1995, y con el de Ángel Aguirre Rivero, en el cual 11 indígenas fueron masacrados en El Charco, municipio de Ayutla, el 7 junio de 1998, en el gobierno de Torreblanca han sido asesinados diputados locales, alcaldes, dirigentes indígenas, funcionarios municipales y ex alcaldes, así como periodistas.

El argumento malhecho del caso Bajos 

En medio de una todavía no bien dimensionada pugna entre bandas del crimen organizado, el caso que inauguró los asesinatos con características políticas fue el del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del congreso local en la anterior Legislatura, Jorge Bajos Valverde, diputado por el PAN, el 4 de enero de 2007 en Acapulco.
Insospechadas aún, las implicaciones del crimen enrarecieron el ambiente político del estado, y un clamor por su esclarecimiento se levantó de inmediato. Apresuradas las conclusiones, dadas como un niño que apalea una piñata con los ojos vendados, seis días después del homicidio la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo como presunto autor intelectual al panista Aldy Manuel González Rodríguez.
La fiscalía esgrimió una trama que también llevó a la cárcel al hermano de éste, Éder Andy –ahora libre ante falta de evidencias que lo inculparan–, como fondo la intención de llevar a la curul de la 58 legislatura a la suplemente de Bajos, Jacquelín Orta Martínez, esposa del primero.
A Nicolás Arteaga Cardoso también se le dictó formal prisión, señalado como quien accionó el arma.
Tres años después del crimen, todavía impredecible el desenlace de la historia, cuyo argumento se cae inexorablemente a pedazos, el asesinato de Bajos Valverde –empresario de oficio, amigo de la infancia de Torreblanca Galindo– sigue sin una resolución judicialmente verosímil, en puerta la liberación de Aldy Manuel González Rodríguez, pieza última que evidenciaría la improvisación en la impartición de justicia en Guerrero.

Ejecución de Chavarría, dilación y opacidad

Descarnada, en su fase de mayor exaltación la lucha entre miembros del hampa, la ejecución del presidente de la Comisión de Gobierno del congreso local, Armando Chavarría Barrera, diputado por el PRD, constituyó el corolario de una serie de crímenes que iban más allá del orden común o en el contexto de la narcoviolencia, como desde un principio intentaron hacerlo ver las autoridades judiciales de la entidad.
Chavarría Barrera, dirigente del perredista Polo Guerrerense de Izquierda, ex senador, recién salido (tenía más de un año) del gabinete de Torreblanca Galindo donde se desempeñaba como secretario de Gobierno desde el 1º de abril de 2005, fue asesinado de 10 balazos –uno lo recibió en la frente a manera de tiro de gracia– la mañana del 20 de agosto de 2009, cuando salía de su casa en Chilpancingo. Nunca llegó al gimnasio a donde se dirigía para comenzar la rutina del día.
Aún sin indicios firmes que indiquen de dónde procedieron los disparos, a diez meses de su asesinato, el caso del también principal aspirante del partido del sol azteca a la gubertarura del estado, se desdibuja entre las cuatro líneas de investigación que planteó una aún perpleja PGJE: entorno personal, político, crimen organizado y grupos armados (guerrilla), y una advertencia aún sin cumplir de Torreblanca: “algunos resultados no serán del gusto de la ciudadanía”.
Acaso para no cometer los errores del caso Bajos, cuyas apresuradas detenciones causaron más incertidumbre que certeza, por el asesinato de quien ideológicamente disintió del jefe del poder Ejecutivo estatal, no ha habido ningún detenido.
En cambio, a través de filtraciones a la prensa y por internet, se ventiló su presunta vida disipada y de dispendio que no sólo indignó a la familia, sino que fue considerada por el PRD como una cortina de humo para desviar la atención sobre los motivos reales de su muerte y llevar ésta al plano del morbo y la frivolidad.

Lucas y Ponce y el desdén a los derechos humanos

Los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes indígenas de Ayutla de los Libres, hallados enterrados el 21 de febrero de 2009 luego de ocho días de ser levantados en pleno zócalo de esa localidad, marcaron el lado de los asesinatos políticos relacionados directamente con el activismo en favor de los derechos humanos y la lucha social.
Lucas y Ponce dirigían la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) cuando el 13 de febrero fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías. Con la denuncia, familiares y compañeros de la organización informaron que los activistas habían recibido amenazas vía telefónica, debido en gran medida a las demandas de justicia social y contra los abusos de efectivos del Ejército mexicano en la región.
Además de la demanda formal ante el Ministerio Público, el caso se llevó a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Amnistía Internacional y otros organismos no gubernamentales de defensa de derechos humanos, que emitieron sendas recomendaciones para emprender su búsqueda y dar de inmediato con su localización.
Lucas y Ponce fueron encontrados ocho días después en la comunidad Las Ollas, municipio de Ayutla. Sus cadáveres insepultos, dentro de bolsas de plástico asomaban entre la tierra roja, marcado el olor que evidenciaba su descomposición.
Del caso sólo hubo menciones y supuestas órdenes de presentación, entre otros al alcalde ayutleco, Armando García Rendón. Pero a un año y cuatro meses de ocurrido no sólo nadie ha sido detenido, sino que el caso forma parte de los expedientes impunes de la Procuraduría estatal, con sólo un par de datos certeros: los indígenas habías sido torturados y presentaban tiros de pistola en la cabeza.
Si no fuera porque en medio del acto oficial del que se los llevaron, donde además de decenas de agentes preventivos estaba el entonces jefe de la policía municipal, José Sánchez Hernández, las ONG’s no pensarían que el caso está en medio de un contexto en el que necesariamente tuvo que tener conocimiento la oficialidad, por lo menos, de ese municipio.

Alcaldes, ex alcaldes y dirigentes municipales por igual

En lo que se refiere a desapariciones y asesinatos de alcaldes funcionarios municipales, así como dirigentes partidistas, los casos de mayor resonancia son los de Álvaro Rosas Martínez –cercano al aspirante y diputado federal Armado Ríos Piter– presidente del CEM del PRD en Petatlán, desaparecido el 29 abril de 2009. Su cuerpo calcinado fue hallado en un camino de terracería casi un mes después. El caso quedó en la opacidad.
Antes, en septiembre de 2008, en medio de las campañas para renovar los ayuntamientos y el Congreso local, el candidato del PRD a diputado por distrito 14, Homero Lorenzo Ríos, fue asesinado. Su hija Hilda Ruth Lorenzo Hernández, quien lo sustituyó en la candidatura, ocupa el escaño en el congreso, a pesar de los cual, hasta la fecha, el caso no muestra ningún avance.
Después, en febrero de 2009, el ex alcalde de Petatlán Juan Francisco Rodríguez Aceves, es asesinado atrás del ayuntamiento donde despachó durante el periodo 2002-2005.
Y uno de los crímenes más recientes con estas características, es el homicidio del alcalde de Zapotitlán Tablas, José Santiago Agustino, afuera del mercado Benito Juárez, de Chilpancingo, el 28 de abril pasado. Santiago fue acribillado frente a dos de sus colaboradores y un escolta.
Exactamente tres días antes, el 25 de abril, el dirigente estatal del PT, Rey Hernández García, cayó asesinado afuera de su casa, por hombres armados, desde un vehículo en movimiento, cuando indicaba al dirigente del PRD, Misael Medrano Baza, donde estacionarse, previo a una junta partidista para impulsar la alianza con el PRD, PAN, Convergencia y Panal –del que era especial activista– para una eventual coalición contra el PRI en las elecciones de enero de 2011.
Al igual que el resto de los asesinatos políticos, el homicidio del petista no ha sido esclarecido.

Informadores callados a mansalva

De casos de reporteros, comentaristas y directores de medios informativos asesinados durante los últimos cinco años, el que más resonancia tuvo fue el del corresponsal de Televisa, Amado Ramírez Dillanes, asesinado por un pistolero solitario en el zócalo de Acapulco, cuando salía de conducir su programa de radio Al tanto, el 6 de abril de 2007.
Ramírez recibió tres impactos de bala; agonizante, su cuerpo quedó tendido en el acceso al edificio de transmisiones de la emisora Radiorama, a donde no alcanzó a llegar en su intento de escapar del autor de su muerte inminente.
Empleado desde hacía muchos años del emporio televisivo, la cobertura en cadena nacional del homicidio tuvo implicaciones internacionales, y organizaciones de reporteros y ONG lanzaron pronunciamientos enérgicos hacia una apresurada investigación que concluyó con el arresto y sentencia a 38 años de prisión del presunto sicario Genaro Vázquez Durán, resolución que no dejó satisfecho al gremio al que pertenecía, sobre todo cuando Vázquez siempre se declaró inocente.
Otros casos de periodistas acribillados, cuyo resultado fue contextualizado en un entorno político, fueron el del director y propietario de los periódicos El Despetar del Sur y El Despetar de la Costa, Misael Tamayo Hernández, hallado muerto en un motel de Zihuatanejo en noviembre de 2006, y el del director del semanario de Ayutla, El Sol de la Costa, Jorge Ochoa Martínez, acribillado a balazos en esa localidad de Costa Chica, en enero de este año.

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